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Vote No al proyecto de ley HR 30 Ley para Prevenir la Violencia contra las Mujeres por Parte de “Extranjeros Ilegales”

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Como organización que promueve el liderazgo de sobrevivientes inmigrantes de violencia doméstica, agresión sexual y trata de personas, expresamos nuestra oposición al proyecto de ley HR 30 (denominado la supuesta Ley para Prevenir la Violencia contra las Mujeres por Parte de “Extranjeros Ilegales”). Nos unimos a más de 200 organizaciones que trabajan con sobrevivientes de violencia en la oposición a este proyecto de ley terrible y engañoso. Hemos adaptado la declaración a continuación de una carta enviada al Congreso por la National Task Force to End Sexual and Domestic Violence (NTF), a quienes agradecemos por su importante abogacía sobre este tema.  

Nos oponemos a esta legislación porque ampliará las circunstancias bajo las cuales la violencia doméstica, el abuso y la negligencia infantil, el acoso y los delitos sexuales constituyen motivos de inadmisibilidad al país, así como la definición de violencia doméstica que se consideraría para los motivos de inadmisibilidad o deportación. Estas medidas, lejos de prevenir la violencia, tendrán un impacto negativo en los sobrevivientes inmigrantes de violencia doméstica y sexual.  

Lamentablemente, las víctimas inmigrantes son particularmente vulnerables a ser arrestadas y procesadas por violencia doméstica, especialmente si actuaron en defensa propia o si un abusador las acusa de ser el agresor principal. Una táctica bien conocida de los abusadores para mantener el poder y control sobre sus víctimas es denunciarlas, o amenazar con denunciarlas a las autoridades, incluyendo a la policía, los servicios de protección infantil (CPS)  y ICE. Con demasiada frecuencia, los perpetradores alegan falsamente que su pareja, la víctima de su violencia, es en sí la agresora, negligente, etc. Estas falsas denuncias, y las amenazas de hacerlas, son altamente efectivas para mantener a las víctimas atrapadas en relaciones violentas.  

Además, sabemos que las mamás en comunidades de color son desproporcionadamente acusadas de delitos de abuso infantil, incluyendo el abandono y la negligencia. Sucede con frecuencia que una madre con una pareja violenta o abusiva es acusada de negligencia infantil por “no haber protegido” a sus hijos de ser testigos de la violencia de su pareja contra ella. Esto resulta en una doble penalización para la mamá y los niños por la violencia cometida por su pareja. Esta legislación dice que una persona acusada de crímenes como violencia doméstica o negligencia infantil puede considerarse inelegible para legalizar su estatus o hasta puede ser deportada, sin requerir una condena, en circunstancias donde ella firme un papel admitiendo haber cometido algún delito.  

Las barreras lingüísticas y culturales, el miedo al abusador y a las autoridades, la confusión, la intimidación, la falta de conocimiento sobre sus derechos y el acceso limitado a defensores y recursos pueden impedir que una víctima inmigrante comunique lo que realmente sucedió. 

Una vez bajo custodia o enfrentando un juicio, y desesperada por ser liberada y reunirse con sus hijos, estos mismos factores – combinados con una representación legal deficiente, particularmente sobre las consecuencias migratorias de declaraciones de culpabilidad y condenas – podrían llevar a la deportación de víctimas injustamente acusadas, que podrían haberse declarado culpables o haber sido condenadas de manera injusta por cargos de violencia doméstica.

Desgraciadamente la propuesta de ley fue aprobada esta semana por la Cámara de Representantes. Ahora necesitamos pararla en el Senado. 

 ¡Toma acción ahora! Llama al 202-224-3121 y pide a tu Senador que vote en contra de esta perjudicial propuesta.

“Hola, mi nombre es [nombre] y vivo en [ciudad, estado]. Le pido que vote NO al H.R. 30, la “Ley para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres por Parte de Extranjeros Ilegales”. Este proyecto de ley socava las protecciones para sobrevivientes y no aborda las barreras reales para su seguridad. En lugar de añadir sanciones migratorias perjudiciales, el Congreso debería consultar con sobrevivientes y proveedores de servicios para crear soluciones que realmente respondan a sus necesidades.”  

Este llamado a la acción fue preparado por la red National Network to End Domestic Violence (NNEDV), a la cual agradecemos por su abogacia.